Si septiembre supone una cuesta empinada por el esfuerzo económico para el conjunto de las familias con hijos e hijas en edad escolar, para aquellas que tienen estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), la vuelta a las aulas se convierte en la ascensión al Everest. El sobrecoste que deben asumir para pagar las terapias y apoyos específicos para el alumnado con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down) o con más necesidades de apoyo alcanza una media de 200€ al mes. Esta cantidad supone un gasto anual de 1.800€ por hijo o hija y excede con creces, en más de cuatro veces, la ayuda de 400€ para apoyo escolar a familias con hijos con discapacidad que aprobó el Gobierno el pasado mes de junio. Y, además, no todas las familias reciben dichas ayudas públicas para sobrellevar este gasto extra en su presupuesto familiar. Este es el caso de Iván Lledó, padre de cuatro hijos, dos de los cuales presentan NEE. Su familia reside en Murcia y Alexis e Iris, estudian 1º y 3º de primaria en el mismo colegio ordinario, un centro financiado con fondos públicos, en el que lo hacen sus otros dos hijos sin discapacidad. Los hijos de Iván acuden a terapias que reciben fuera de las aulas ya que el centro educativo no dispone de estos servicios. “Resulta frustrante que mis hijos no tengan en su colegio los apoyos que necesitan y que el profesorado esté desbordado por falta de presupuestos públicos para la enseñanza inclusiva”.En España hay 246.000 estudiantes con NEE, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional correspondientes al curso 2021-2022.Desde Plena inclusión se denuncia que la aspiración de la actual Ley de Educación, la LOMLOE, de avanzar hacia la generalización de la educación inclusiva en España, esté quedándose en papel mojado ante la falta de partidas públicas que contemplen las necesidades específicas que tiene el alumnado con NEE. “Los colegios, en la mayoría del Estado, afrontan la educación del alumnado con NEE desde la falta de personal de apoyo en las aulas y con un profesorado sin formación específica”, denuncia Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.
