El recorte de la bonificación del pago del 100% de la cuota de la Seguridad Social para contrataciones de personas con discapacidad, avanzada por el Ministerio de Trabajo en el anteproyecto de Ley que regulará los incentivos de contratación laboral, “va a suponer un retroceso en los avances logrados en las últimas décadas gracias a las medidas de fomento del acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”. Así opina Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, quien ha mostrado su preocupación respecto a lo anunciado por el Gobierno porque “se hace en un contexto de crisis económica en aumento”.De acuerdo a datos publicados por una encuesta del INE, la tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual se situaba en 2020 en el 17,6%. O dicho de otro modo: el 82,4% de las personas con discapacidad intelectual no ven reconocido su derecho al trabajo. A este porcentaje abrumador de desempleo, que supera la media del resto de las personas con discapacidad, hay que añadir el dato, también extraído de esa misma encuesta del INE, que estas personas cobran un 17.8% menos: un 21% los hombres, y un 14,7%, las mujeres.Desde la patronal del movimiento asociativo de Plena inclusión, Bernabé Blanco, presidente de AEDIS, asegura que esta norma “puede provocar la pérdida de muchos puestos de trabajo de personas con discapacidad”, con lo que “se va a provocar el efecto contrario al que se quiere conseguir”, en referencia a la intención mostrada desde el Ministerio de Trabajo de fomentar el empleo de las personas con discapacidad.Txema Franco, director-gerente de Gorabide, una entidad de referencia en el mundo de la discapacidad intelectual, que forma parte de FEVAS-Plena inclusión Euskadi, “es imprescindible que, en el contexto de un aumento progresivo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), se busquen nuevas fórmulas para no incrementar el coste que supone crear nuevos puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Y lo que hace esta medida es justo lo contrario: eleva aún más el muro que impide a las personas con discapacidad acceder a un puesto de trabajo digno”, concluye.Las personas con discapacidad intelectual también quieren dejar claro su apoyo a las medidas que incentiven la entrada al mundo laboral. Maribel Cáceres, miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo reclama que cualquier medida que se tome “tenga en cuenta que nuestro derecho a una vida independiente debe estar ligado con medidas que faciliten nuestro acceso al empleo”.Para Eva del Río, gerente de la Fundación San Cebrián (Plena inclusión CyL): “se trata de un cambio legislativo que supondrá una disminución de oportunidades de inclusión laboral para las personas con mayores necesidades de apoyo en empleabilidad. Esperemos diálogo o al menos otras medidas que palíen este impacto”.
